Recortes de Ignacio Rodríguez de Rementería / @micronauta

2008/06/19

Aprobado impuesto a dispositivos y almacenamiento en España


A partir de ahora, El CD y el DVD pagarán 0,17 y 0,44 euros, respectivamente, teléfonos móviles o PDAs con capacidad para reprodicir MP3 tendrán que pagar 1,1 euros, y los reproductores dedicados de MP3 y "MP4" pagarían 3,15 euros.



Ello fue publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La iniciativa no tendrá efecto retroactivo, y se aplica también a scanners, impresoras (inyección de tinta, laser) y fotocopiadoras.

Los discos duros que estén integrados en equipos descodificadores de señales de televisión digital por ahora quedan excluidos, pero más adelante sería de 12 euros por unidad.

El impuesto, conocido como "canon digital", lo paga el fabricante (no el consumidor) y es un mecanismo que pretende compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra.

Una mecanismo similar que se iba a implantar en Canadá fue desestimado por la corte federal de dicho país. Canadá fue uno de los primeros países en aplicar un impuesto de este tipo a los CD, hace años.

¿Solución coherente o incoherente?

En el contexto de una cultura del corto plazo, donde las personas incluso deben ser gravadas obligatoriamente con el fin de ahorrar para su salud y su pensión de vejez, ¿sería tan incoherente que nos obliguen a pagar por los productos de arte que consumimos? Yo pienso que no. Lo que ha sucedido en España es un interesante intento compensatorio, con el que no estoy de acuerdo pero donde reconozco un interés de esa sociedad, representada por sus autoridades, de defender su industria audiovisual y musical.

El mencionado impuesto español tiene un caracter limitado, se ha definido un máximo que pueda ser percibido por él, para evitar que la SGAE por ejemplo se llene de dinero. Cosa en todo caso bastante improbable, si consideramos la pequeña magnitud del impuesto por cada dispositivo. Una pizza individual en madrid cuesta lo que equivale al impuesto de un iPod.

Personalmente encontraría mucho más interesante un cobro mayor, pero que haga legal toda la copia, incluso de los contenidos que hemos descargado. El problema en ese caso -y también en éste- es que la ley estaría "adivinando" para qué cada uno usa su aparatito, lo cual no es óptimo, especialmente considerando que hay maneras de saber estadísticamente lo que los usuarios descargan.

Por lo mismo, la solución francesa -con la que tampoco estoy de acuerdo en su forma actual- es más inteligente que la solución española. Lo que no debería sorprendernos dada la conocida diferencia entre la educación española y la educación francesa.

Hay estadísticas de que las personas escuchan más de una vez menos de aproximadamente el 1% de lo que descargan, y en total escuchan menos del 3%. Esto significa que- si cada vez que descargamos una canción se cobrara US$ 0.05, los autores (y productores, en caso de contrato editorial) podrían percibir más por las descargas y escuchas libres pero legales, que lo que perciben actualmente por ventas en iTunes. Modelos basados en cobros más coherentes, están siendo probados actualmente en países como Noruega.

Un modelo mejor

En Noruega NetCom, en conjunto con Universal Music, está llevando a cabo un proyecto piloto en que se habilita la libre descarga de unas 50 mil canciones, para luego examinar estadísticamente su uso y determinar cuál es la manera de cobrar. De ese tipo de experimentos, saldrán datos que permitirán que -por ejemplo- paguemos US$5 mensuales a nuestro proveedor de Internet y tengamos el derecho legal de descargar todo cuánto se nos antoje.

Lo interesante del caso es que -como ya he mencionado con anterioridad- es posible para los proveedores saber estadísticamente la cantidad de música descargamos, sin necesidad de invadir nuestra privacidad, Pero lo que hoy la gente descarga tiene que ver con su presunción de que no tienen que pagar, y de que están descargando algo que tiene un tremendo valor comercial.

En el reino unido, un estudio de British Music Rights mostró que el porcentaje de encuestados dispuestos a pagar por un servicio legal de descargas ilimitadas es de un 63% entre personas que actualmente no descargan y un 80% entre quines ya descargan ilegalmente.

Pienso que en poco tiempo las percepciones se aterrizarán y tendremos un modelo coherente, para que los proveedores de acces a Internet -que son los que más se enriquecen con el pirateo, porque a ellos les pagamos por el ancho de banda necesario para descargar- puedan compensar adecuadamente a los que realizan los contenidos que sus usuarios descargamos.
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