Recortes de Ignacio Rodríguez de Rementería / @micronauta

2020/01/30

Rotación 07: Ahora que se (infinitesimal-mente)


Alguien me dijo que echaba de menos mis palabras mas personales, desde el corazón, que yo no soy así todo pensamiento, tan frío. Así que abriré un poco la escotilla:

Ya son años desde el incidente, el comienzo de la extraña anomalía. Desde entonces, el tiempo se confundió con el horizonte, y la memoria testimonia la experiencia de un espacio que no tiene lugar fijo, lo que queda de un indicio de futuro.

El insomnio camina por relojes, circulando adicción a un sonido indescriptiblemente suave, que persiste en la paradoja de la locura de su nombre, un eco que de tanto no borrarse crece y se acopla, una tautología imposible, una ironía de la lógica que nunca miente piadosamente, que aunque la ecuación tiende a cero, o a infinito, es infinitesimalmente filuda y corta limpiamente una herida perfecta, ideal para una extirpación, que ahora al leer sabes no se produce.

Esta noche, entre la jaula de edificios y ruidos solitarios, algo reaparece entera Now That I Know (Devendra Banhart): 

Dearest dear, I know you been here,
why'd you run? tell me why'd you disappear.
Now that you're not here with me,
seems to be the only time that I can see you clearly.
I may not know how to treat or give you what you need,
but I am a gentleman who says what he means now.
And now I sing upon my knees
and praise the kindness of a gentle breeze," (Cripple Crow, 2005)
Listo.

2019/12/22

No es lo mismo ("big data" que inteligencia)


Hace unos días La Tercera dio a conocer detalles de un supuesto uso de "big data" por parte del Gobierno de Chile como fuente de "inteligencia", aludiendo a influencia extranjera en el estallido social ocurrido desde mediados de octubre. Esto en un contexto de rumores, propagados por el mismo gobierno, algunos de sus partidarios e incluso algunos medios de comunicación sobre esa supuesta influencia.

Creo pertinente conversar algunos puntos al respecto:

En primer lugar, la sociedad es un sistema complejo. Los social media también. Cualquier análisis simplista de ambos fallará, más todavía si excluye otras señales y formas de OSD* y OSF*.

Asimismo, un análisis sin continuidad organizacional y metodológica no tiene como formar parte de una línea histórica que permita hacer diagnóstico diferencial. Este es un elemento fundamental en encuestas, donde comparar mediciones obtenidas en el tiempo y ver correlación con procesos que vive la sociedad ayuda a validar metodología y darle un sentido contingente a los resultados.

Otro problema al sacar conclusiones en base a plataformas de social media como fuente pública es la cantidad de información falsa y/o dirigida. Quienes hemos trabajado de cerca con estas plataformas y hecho algo de análisis sabemos lo fácil que es acceder a grandes volúmenes pero lo difícil que es extraer información valiosa.

Me gusta lo que dijo José Kusunoki (@jkusunoki): "Hacer una query de Twitter no es big data".

En parte, dicha dificultad existe porque hay grandes esfuerzos puestos en usar estas plataformas para manipular percepción y comportamiento de usuarios. Los llamados "bots" o cuentas dirigidas son un problema importante reconocido por las propias plataformas.

También, cada dato visto en social media necesita ser verificado si queremos generar algo más que un simple análisis de opinión. Si hablamos de grandes volúmenes de datos ("big data") es prácticamente imposible verificar dichos datos de manera costo-efectiva, vale decir el resultado no se puede llamar "inteligencia" en el sentido en que la palabra suele utilizarse en el ámbito de la seguridad, al menos cuando se extraen desde las interfaces públicas de las plataformas.

Jordán (2013) dice “Uno de los principios no escritos en materia de inteligencia es que no puede darse como completamente válida una información que no haya sido contrastada con, al menos, otra fuente”, nos recuerda S.Negri (@csnegri).

Uno pensaría que, siendo economistas, quienes están a la cabeza del actual gobierno sabrían todo esto. Pues análisis y predicción del comportamiento de personas también forma parte fundamental del quehacer empresarial moderno. En consecuencia, queda impresión que el aludido informe se puede haber mandado a hacer con sesgos previos, para justificar el accionar represivo de los últimos meses, pues en la moneda no parecen tener duda alguna respecto de la supuesta injerencia extranjera en el estallido social chileno.

Habiendo en Chile actores serios capaces de llevar análisis complejos, como la Universidad de Chile, como Analytic y como Brandmetric, el Gobierno ha preferido contratar algún actor desconocido, sin respaldo, o (peor) algún conocido que prefiere el anonimato, pues dicho actor podría no estar dispuesto a dar la cara por la validez de este análisis. Expertos como Bárbara Poblete (@bpoblete) y Jorge (@perez) de la Universidad de Chile revelaron que La Moneda se acercó a pedir ayuda, y ellos en cambio no estuvieron disponibles para hacer algo mediocre por encargo.

Desde el 18 de octubre hasta ahora, organismos nacionales e internacionales han consignado reiterados abusos en el uso de la fuerza contra la población civil en Chile, asemejando la respuesta del gobierno al estallido social con la represión en tiempos de la dictadura chilena 1973-1990. En este contexto, el contenido del informe citado parece consistente con la estrategia de criminalizar al movimiento social o propagar la idea de un enemigo imaginario.

También debemos considerar el aspecto de la vigilancia. El análisis general de tendencias a partir de lo que ciudadanos publicamos en plataformas puede ser de legítimo interés público y un insumo útil para el Estado. Pero el actual gobierno ha perdido ante la ciudadanía confianza en su buena fe, debido a la acción represiva. En este sentido, no es alentador que el informe aluda a usuarios en particular, individualizando posiciones políticas. Ese tipo de perfilamiento, que incluye identidad (o intento de) geolocalización, puede ser considerado una transgresión a los derechos fundamentales, explicó Sebastián Becker (@sebabecks).

Si de verdad el actual gobierno quisiera escuchar a la gente vía social media, bastaría con poner expertos, que los hay localmente, a trabajar en serio con las herramientas correctas. En media tarde ya habría un resumen. Y probablemente, en el primer lugar estarían las demandas por salarios, pensiones y salud dignas.

Y finalmente una reflexión: si bien al parecer este papelón no fue ni big data ni un creíble monitoreo de plataformas de social media, sí existen grandes volúmenes de información en manos de esas plataformas. No solo las más obvias como Google y Facebook, el comportamiento de cada uno de nosotros y muchas de nuestras comunicaciones pasan a través de las empresas de telecomunicaciones móviles. Tanto las plataformas como dichas empresas pueden construir perfiles detallados de quiénes somos, qué opinamos, qué hacemos y con quién. Ya lo hacen, ya existe intercambio mercantil de esos datos (Shoshanazuboff habla de "capitalismo de la vigilancia"), que ya se usa para predecir e incluso moldear nuestros comportamientos. ¿Qué va a pasar cuando gobiernos encuentren la manera de comprar u obligar a las plataformas a entregarles ese tipo de inteligencia?

Ojalá que lo sucedido y las conversaciones resultantes nos permitan reflexionar sobre lo importante que es proteger y regular los datos del comportamiento de personas y su uso, tanto en miras a los cambios en curso a la legislación de protección de datos y ciberseguridad como a los principios que deberían abordar esto en la próxima carta fundamental.

2019/04/16

El capitalismo hiper conectado: de cada uno según *su* vulnerabilidad


Los medios (participativos como también tradicionales) reflejan, transportan y potencian lo que la sociedad ya es, con una importante salvedad: son manipulables por quienes tienen más poder para hacerlo. Ya se ha visto, y se seguirá viendo, tanto en la historia de los mass media como en la historia reciente de los "new media".

Esto lo sospechábamos hace tiempo y ya hemos visto algunos efectos, pero además Shoshana Zuboff le pone nombre Y focaliza el problema al explicar que el "capitalismo de la vigilancia" va más allá de solo traficar los datos de las personas. Plataformas como Google, Facebook y Twitter han desarrollado la capacidad de modificar el comportamiento de la sociedad completa a través de las plataformas participativas, al presentar experiencias a la medida para manipular a cada persona según su vulnerabilidad, y en este sentido hay un potencial de influencia cualitativamente mayor, y por lo tanto mucho más peligroso, que con los medios tradicionales. Por eso es importante hablar de esto, desarrollar una cultura medial para que el usuario pueda leer entre líneas, pues ya no basta con explicarle el entre líneas de "el relato" del momento, cuando el relato es diferente para cada uno.

Así, la sociedad pasó de anhelar que "de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades" a aceptar que se explota a los individuos "a cada uno según su vulnerabilidad".

En este sentido, Cadem se hace honor a si misma y equivoca, con este estudio que o está mal hecho, o intenta ocultar lo que un análisis más profundo revelaría, lo mismo que se ha revelado en el Reino Unido, EEUU y Brasil: aunque "no se identifican" conscientemente, mayoría sí son "volátiles", altamente manipulables medialmente.

Mientras más pienso en lo que ha planteado Shoshana Zuboff y lo aplico a la sociedad actual y su contingencia, más sentido me hace.

Esta reflexión nació de una conversación en la timeline de Andrés Azocar donde participó Enzo Abbagliati.

2019/02/26

El caso Nido, los datos personales y una noticia personal


Queridos contertulios, ¿les conté que voy a estar en la Fundación Datos Protegidos? Bueno, hoy parece un buen día para anunciarlo, dadas las noticias de hoy.

Creo que también es un buen día para hablar sobre caso Nido.

Para los que no se enteraron, nido.org como un "club" de usuarios anónimos que, entre otras cosas, comparten imágenes y datos de chicas entre sí con fines espurios.

Muchas de esas imágenes y datos parecen venir de lo que gente comparte en medios participativos como Instagram y Tumblr o grupos en plataformas de mensajería "privada" como WhatsApp y Telegram.

Algunos medios o datos podrían también venir de filtraciones o hackeos.

El modus operandi del club en cuestión parece ser "jugar" a usar dichos datos para acosar o "conquistar", a menudo a través de extorsión, típicamente a chicas jóvenes, pero no necesariamente, también operarían contra la comunidad LGBT.

Es una madeja bien compleja entre lo legal y lo ilegal, pero una cosa está clara: esto es un problema cultural y no va a desaparecer solo con más leyes.

Uno de los aspectos más graves es lo vulnerable que pueden estar adolescentes / menores de edad frente a grupos que actúan de esta manera. Hoy salió a la luz este sitio pero seguro hay otros, quizás más ocultos y todavía más violentos y peligrosos.

Por eso es importante explicar desde niños a usuarios de social media que todo lo que ponemos en la Internet implica riesgo.

De hecho, podríamos preguntarnos si es buena idea que niños y adolescentes accedan solos a mensajería online y/o publiquen información en medios participativos.

Independiente de edad, la tentación de publicarlo todo (ej., vacaciones en Instagram) es para pensar dos veces, especialmente si vamos a publicar fotos de menores de edad.

¿Qué nos pasa como sociedad que estamos publicando todo lo que hacemos, a veces aparentando incluso un estándar de vida y una felicidad que no son reales ni representan sentires verdaderos?

¿Nos damos cuenta que las plataformas viven de las interacciones que causamos, y por lo tanto fomentan exhibicionismo que llame la atención (y conflicto polarizante)?

Y dado esto, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como profesores, como familias y como amigos, para concientizar y poner límites a este fenómeno?

Algunas cosas que podemos hacer:

  • Dejar de poner en Internet todo lo que hacemos, aconsejar a los demás a tener cuidado.
  • Considerar que a veces compartimos info de terceros sin permiso. Las fotos tienen señales identificables (caras, lugares) que facilitan deducir información sobre quién, cuándo, dónde y con quién.
  • Educar en relación a lo que implica la huella de datos. Una vez que una foto o dato sensible sale a lo "público" (aunque las plataformas sean privadas), ya es muy difícil que eso vuelva al ámbito de lo privado fácilmente. Hay ejemplos terribles de esto.
  • Entender que los mismos datos que en un contexto puede ser inocuos o significar una cosa, pueden ser sacados de contexto e incluso manipulados para significar otra o usarse de mala forma, por ejemplo extorsión. Estudiar el tema de los "deep fakes".
  • Explicar que el registro o difusión no consentida (por ej. de pornografía), el acoso, la extorsión, el abuso y el tráfico de datos personales son delitos - o deberían serlo, y en eso además hay que modernizar legislación y el trato entre usuarios, plataformas y autoridades.
  • Seguir y difundir a entidades y especialistas que tratan bien estos temas, y que nos pueden ayudar en caso que experimentemos una emergencia relacionada.
Hay una entrada sobre este tema en Facebook y un hilo similar en Twitter.

2018/10/05

La demanda por espectro radioeléctrico: una oportunidad para el acceso universal a Internet


El valor del acceso a Internet a estas alturas es innegable, su universalización es una responsabilidad país. A medida que nuestra sociedad avanza y comprende esto, se anticipa un escenario en que estados tengan el mandato legal de asegurar acceso, ya sea entregando el servicio directamente, o mediante algún tipo de subvención.

Existe hoy una oportunidad innovadora y realista para que el país de un nuevo salto en acceso a banda ancha, y de paso resuelva la tensión entre empresas de telecomunicaciones y el Estado por la demanda de espectro radioelectrico.

Hasta ahora, en los esfuerzos del país para promover conectividad ha primado satisfacer demanda por un bien de consumo, donde gobiernos han ido entregado el recurso básico para la conectividad inalámbrica (espectro radioeléctrico) a las compañías, a veces a cambio de grandes sumas de dinero, para que dicho espectro sea explotado comercialmente a través de infraestructura privada. Paralelamente y con éxito limitado, el Estado ha fomentado telecentros y redes Wi-Fi públicas, una infraestructura paralela. Lo primero ha sido insuficiente en cantidad y lo segundo ha sido poco efectivo en calidad y alcance, porque Wi-Fi fue diseñado para distancias cortas y no escala bien a grandes números de usuarios. Esto se puede ver también en otros países, y cabe señalar el ejemplo de Montevideo, cuyos buses con Wi-Fi no funcionan como tal, a propósito del ruido por estas días por los buses eléctricos con Wi-Fi que incorporaría el Transantiago. En la práctica, a pesar de las buenas intenciones, la Wi-Fi pública y los telecentros crean ghettos de "Internet para los pobres", que funcionan de manera intermitente e insegura, cuando funcionan.

Lo opuesto sucede con tecnologías móviles digitales que se clasifican según su versión en 2G, 3G, etc., de lo cual se desprende otro camino: crear un servicio estatal de telecomunicaciones móviles, que entregue acceso gratuito o al costo en base a tecnologías celulares. Esta opción es poco práctica bajo nuestro actual ordenamiento económico, y además sería un proyecto de tal envergadura que no existe en la OECD nación alguna que lo haya intentado. Bolivia opera una empresa móvil estatal, pero no ofrece un servicio especialmente más barato o mejor que las privadas con las que compite.

Finalmente, existe hoy una manera mejor de satisfacer lo que algunos llaman demanda y otros llamamos derecho: usar la creciente necesidad de espectro radioeléctrico que tienen las empresas de telecomunicaciones como oportunidad de intercambio para que presten acceso básico universal, creando una innovadora cooperación público-privada, sin que el Estado tenga que gastar en una gran infraestructura propia y fomentando el desarrollo de la industria móvil al generarle ahorro en el corto plazo.

La oportunidad de 5G y espectro a cambio de servicio:

Como se ha visto en los últimos meses debido a varios impasse entre las compañías de telecomunicaciones móviles y el Estado, la necesidad de espectro es feroz, especialmente para dar el paso hacia la siguiente generación de tecnología de acceso inalámbrico, conocida como 5G. El desafío para dichas empresas es que el espectro tiene un valor inmenso. Así, repitiendo lo que hicieron en el ciclo anterior para 4G, en muchos países han desembolsado grandes sumas para acceder al espectro necesario, sumas que después deben traspasar a usuarios sumando el interés bancario, incrementando el riesgo de su negocio y encareciendo el acceso. Adicionalmente, debido a que para 5G las necesidades se anticipan mayores, las cifras son todavía más astronómicas, excluyendo a empresas nuevas y favoreciendo la continuidad oligopólica en vez del incremento de competencia.

Aquí es donde hay que detenerse un momento y recordar que espectro radioeléctrico ya pertenece a los usuarios, y el Estado tiene la atribución de asignar su uso según criterios de interés público, y que hasta ahora las asignaciones se hayan hecho de una forma no implica necesariamente que esa es la única forma. Así, se presenta la oportunidad de que el Estado no cobre monetariamente por el uso del espectro, y que en vez de ello entregue el valioso recurso condicionado a un intercambio con las empresas concesionarias: espectro a cambio de un nivel básico de servicio para cada habitante, a manera de contraprestación permanente.

Así, con 5G haríamos todo lo contrario que en el ciclo anterior: incentivaríamos más competencia al facilitar la entrada de nuevos actores, además de disminuir el costo para usuarios finales (de los que pagan) al sacar el interés bancario de la ecuación, y de paso activaríamos una fórmula que permitiría lograr rápidamente una penetración de banda ancha del 100%, nada menos.

El concepto de contraprestación en telecomunicaciones no es nuevo en Chile, han sido varias las grandes concesiones de espectro condicionadas a la entrega de servicio gratuito, por ejemplo a escuelas o ciertas zonas rurales. Hoy podemos ir más allá, creando un acceso básico universal gratuito, y durante todo el periodo de vigencia de la concesión. Eso sí, para un proyecto como el mencionado, habría que modificar algunas partes de la Ley General de Telecomunicaciones, especialmente en el artículo 30, donde se establecen algunas trabas en función de regulación del siglo pasado y creada en coordinación con la neoliberalización extrema y reducción del rol del Estado en tiempos de la dictadura de Pinochet.

Un modelo alineado con los tiempos actuales: freemium:

Podría parecer un contrasentido que las empresas "regalen" algo por lo cual cobran y que eso sea buen negocio, pero combinando concepto moderno de comerci con tramo gratuito o y el recurso esencial que es el espectro radioeléctrico, el Estado y privados pueden ser socios de una manera muy conveniente para todas las partes. Esto porque un nivel básico de servicio, puesto en las manos de cada habitante, presenta un subsidio a la demanda que para el proveedor comercial facilita la venta de servicios de valor agregado, por lo tanto en vez de un conflicto de interés se da el interés por entregar un buen servicio básico, como promoción de sus servicios más avanzados.

El "chip nacional" , una "CuentaRUT" para la Internet:

El usuario, sin pagar, tendría acceso a un servicio que contempla ciertos límites, por ejemplo un ancho de banda máximo de 1Mbps, que es la definición mínima de "banda ancha" según algunos criterios internacionales. Mientras que hoy los usuarios ya acceden fácilmente con 4G a ancho de banda de 40Mbps, las redes 5G alcanzarán anchos de banda mucho mayores, creando un incentivo para que usuarios paguen por usar las redes móviles en condiciones preferentes. Este acceso básico se puede plasmar en una tarjeta "SIM" (en realidad UICC) para cada residente del país junto a su cédula nacional de identidad, la cual debería ser aceptada como llave de acceso a las redes de todos los proveedores del país que formen parte del nuevo esquema. Los proveedores no deberían estar limitados a dar acceso solo usando el espectro nuevo o los servicios 5G, de manera que el chip debería trabajar también en modos previos y con redes existentes, facilitando la conectividad en las zonas más rurales o donde más tarde en llegar el nuevo servicio. Esta característica sería además incentivo para que las compañías implementen tecnología más avanzada en dichas zonas, pues las tecnologías más nuevas son más eficientes y por lo tanto generan menores costos en el largo plazo.

Este acceso también incluirá sistemas de alerta temprana, servicios de voz y geolocalización para emergencias, con la ventaja de, al permitir el acceso a redes de más de un operador, incrementar la disponibilidad de la comunicación básica en caso de degradación por emergencia o desastre. Sobre este nivel básico de servicio, asociado a dicho chip, cada proveedor podría ofrecer los servicios adicionales que desee comercializar, cobrando al usuario por acceso a mayor ancho de banda, direcciones IP públicas, servicios de voz y SMS con un número nacional y toda la demás oferta de servicios de telecomunicaciones móviles, incluyendo video de pago. En paralelo, las empresas seguirían pudiendo ofrecer chips propios por su cuenta, para la entrega de servicios adicionales, por ejemplo para usuarios que deseen proteger su privacidad mediante acceso y pago anónimo, para extranjeros que están de visita en el país, y por supuesto para el boom que viene de servicios M2M / IoT, vehículos autónomos y otros usos industriales, distinto al uso personal.

Oportunidad para ciudadanía conectada y convergencia electrónica:

El alto nivel de seguridad de los chips UICC recientes en combinación con reconocimiento de voz y otros factores de autenticación, permitiría incrementar la seguridad de pagos, gestión de impuestos, acceso a datos sensibles de salud e incluso votaciones, pudiendo el UICC nacional usarse como parte de sistemas de votación más seguros que las urnas electrónicas vistas hasta ahora. Esto permitiría una convergencia natural hacia un sistema nacional de identidad, pago y ciudadanía electrónica, pudiendo integrarse con sistemas de pago sin contacto como NFC para transporte público y con la CuentaRUT del BancoEstado, presentándose como un camino para la modernización digital del país en múltiples niveles.

Naturalmente, hay trabajo que hacer: habría que normar límites, neutralidades y excepciones en el servicio básico, revisar aspectos como la protección de la privacidad de los datos personales y coordinar con la agenda digital en otros ejes, sin embargo una fórmula como la aquí descrita es relativamente sencilla de implementar, no requiere grandes cambios normativos ni tecnológicos, abre una vía rápida para que el país sea líder mundial en acceso a Internet y convergencia digital, facilita incrementos de competencia, establece un marco que reduciría los costos de implementar nuevos servicios y adicionalmente ayuda a resolver asperezas entre las compañías de servicios de telecomunicaciones y el ente regulador: win-win por donde se le mire.

Publicado originalmente en The Clinic