Curiosidad me causó la noticia, via @paulo_saavedra, de la existencia de algo llamado gobiernotransparente.org. Al ir a dicha URL, me encontré con una página construida con un servicio gratuito llamado GooglePages, sin contenido, y con un formulario de búsqueda via Google.
Abajo del formulario se puede leer un texto, indicando que el sitio busca:
- Adquisiciones y Contrataciones
- Personal de planta a contrata y a honorarios
- Transferencias
- Actos y Resoluciones
- Marco Normativo
Mi curiosidad fue aumentando -y mi interés fue disminuyendo- cuando, al hacer búsquedas de prueba, me econtré con avisos AdSense. Al buscar "social", "solidario", "política" y "democracia" aparecen pocos resultados y ningún aviso. Pero con palabras como "negocio" y "comercio", AdSense bailó de felicidad presentando grandes tiendas, servicios de venta online, universidades privadas, etc.
¿Para qué sirve este nuevo proyecto de Carlos Orrego, además de generar algún retorno por AdSense para él? Sirve para preguntarnos por qué no existe un buscador para todo la web gubernamental chilena.
Por ejemplo al buscar desde http://www.gob.cl/ sólo aparecen resultados dentro del sitio del Ministerio del Interior, y la casilla de búsqueda de http://www.gobiernodechile.cl/ no funciona, lleva al "Sistema en Línea de Correspondencia Presidencial".
La atención es la moneda de la web, y yo pienso que el estado debería asegurar el acceso a la información sin que el ciudadano tenga que pagar por ello, ni con dinero ni con atención.
Lo que el presente episodio nos muestra es que no es cuestión de recursos, no hacen falta presupuestos millonarios; lo que hizo Carlos Orrego no pudo haber tardado más de un par de días e involucra costos mínimos, es más una cuestión de aplicación inteligente de iniciativa y experticia, en definitiva una cuestión de estrategia.
Me encantaría que algo así hubiera salido de la oficina de estrategia digital de nuestro gobierno.
A todo esto, ¿será legal usar el logo del gobierno de Chile en una iniciativa privada, que no tiene apoyo, aprobación ni participación del gobierno?
