Creo pertinente conversar algunos puntos al respecto:
En primer lugar, la sociedad es un sistema complejo. Los social media también. Cualquier análisis simplista de ambos fallará, más todavía si excluye otras señales y formas de OSD* y OSF*.
Asimismo, un análisis sin continuidad organizacional y metodológica no tiene como formar parte de una línea histórica que permita hacer diagnóstico diferencial. Este es un elemento fundamental en encuestas, donde comparar mediciones obtenidas en el tiempo y ver correlación con procesos que vive la sociedad ayuda a validar metodología y darle un sentido contingente a los resultados.
Otro problema al sacar conclusiones en base a plataformas de social media como fuente pública es la cantidad de información falsa y/o dirigida. Quienes hemos trabajado de cerca con estas plataformas y hecho algo de análisis sabemos lo fácil que es acceder a grandes volúmenes pero lo difícil que es extraer información valiosa.
Me gusta lo que dijo José Kusunoki (@jkusunoki): "Hacer una query de Twitter no es big data".
En parte, dicha dificultad existe porque hay grandes esfuerzos puestos en usar estas plataformas para manipular percepción y comportamiento de usuarios. Los llamados "bots" o cuentas dirigidas son un problema importante reconocido por las propias plataformas.
También, cada dato visto en social media necesita ser verificado si queremos generar algo más que un simple análisis de opinión. Si hablamos de grandes volúmenes de datos ("big data") es prácticamente imposible verificar dichos datos de manera costo-efectiva, vale decir el resultado no se puede llamar "inteligencia" en el sentido en que la palabra suele utilizarse en el ámbito de la seguridad, al menos cuando se extraen desde las interfaces públicas de las plataformas.
Jordán (2013) dice “Uno de los principios no escritos en materia de inteligencia es que no puede darse como completamente válida una información que no haya sido contrastada con, al menos, otra fuente”, nos recuerda S.Negri (@csnegri).
Uno pensaría que, siendo economistas, quienes están a la cabeza del actual gobierno sabrían todo esto. Pues análisis y predicción del comportamiento de personas también forma parte fundamental del quehacer empresarial moderno. En consecuencia, queda impresión que el aludido informe se puede haber mandado a hacer con sesgos previos, para justificar el accionar represivo de los últimos meses, pues en la moneda no parecen tener duda alguna respecto de la supuesta injerencia extranjera en el estallido social chileno.
Habiendo en Chile actores serios capaces de llevar análisis complejos, como la Universidad de Chile, como Analytic y como Brandmetric, el Gobierno ha preferido contratar algún actor desconocido, sin respaldo, o (peor) algún conocido que prefiere el anonimato, pues dicho actor podría no estar dispuesto a dar la cara por la validez de este análisis. Expertos como Bárbara Poblete (@bpoblete) y Jorge (@perez) de la Universidad de Chile revelaron que La Moneda se acercó a pedir ayuda, y ellos en cambio no estuvieron disponibles para hacer algo mediocre por encargo.
Desde el 18 de octubre hasta ahora, organismos nacionales e internacionales han consignado reiterados abusos en el uso de la fuerza contra la población civil en Chile, asemejando la respuesta del gobierno al estallido social con la represión en tiempos de la dictadura chilena 1973-1990. En este contexto, el contenido del informe citado parece consistente con la estrategia de criminalizar al movimiento social o propagar la idea de un enemigo imaginario.
También debemos considerar el aspecto de la vigilancia. El análisis general de tendencias a partir de lo que ciudadanos publicamos en plataformas puede ser de legítimo interés público y un insumo útil para el Estado. Pero el actual gobierno ha perdido ante la ciudadanía confianza en su buena fe, debido a la acción represiva. En este sentido, no es alentador que el informe aluda a usuarios en particular, individualizando posiciones políticas. Ese tipo de perfilamiento, que incluye identidad (o intento de) geolocalización, puede ser considerado una transgresión a los derechos fundamentales, explicó Sebastián Becker (@sebabecks).
Si de verdad el actual gobierno quisiera escuchar a la gente vía social media, bastaría con poner expertos, que los hay localmente, a trabajar en serio con las herramientas correctas. En media tarde ya habría un resumen. Y probablemente, en el primer lugar estarían las demandas por salarios, pensiones y salud dignas.
Y finalmente una reflexión: si bien al parecer este papelón no fue ni big data ni un creíble monitoreo de plataformas de social media, sí existen grandes volúmenes de información en manos de esas plataformas. No solo las más obvias como Google y Facebook, el comportamiento de cada uno de nosotros y muchas de nuestras comunicaciones pasan a través de las empresas de telecomunicaciones móviles. Tanto las plataformas como dichas empresas pueden construir perfiles detallados de quiénes somos, qué opinamos, qué hacemos y con quién. Ya lo hacen, ya existe intercambio mercantil de esos datos (Shoshanazuboff habla de "capitalismo de la vigilancia"), que ya se usa para predecir e incluso moldear nuestros comportamientos. ¿Qué va a pasar cuando gobiernos encuentren la manera de comprar u obligar a las plataformas a entregarles ese tipo de inteligencia?
Ojalá que lo sucedido y las conversaciones resultantes nos permitan reflexionar sobre lo importante que es proteger y regular los datos del comportamiento de personas y su uso, tanto en miras a los cambios en curso a la legislación de protección de datos y ciberseguridad como a los principios que deberían abordar esto en la próxima carta fundamental.
Una versión posterior de esta columna fue publicada en El Desconcierto.
