El valor del acceso a Internet a estas alturas es innegable, su universalización es una responsabilidad país. A medida que nuestra sociedad avanza y comprende esto, se anticipa un escenario en que estados tengan el mandato legal de asegurar acceso, ya sea entregando el servicio directamente, o mediante algún tipo de subvención.
Existe hoy una oportunidad innovadora y realista para que el país de un nuevo salto en acceso a banda ancha, y de paso resuelva la tensión entre empresas de telecomunicaciones y el Estado por la demanda de espectro radioelectrico.
Hasta ahora, en los esfuerzos del país para promover conectividad ha primado satisfacer demanda por un bien de consumo, donde gobiernos han ido entregado el recurso básico para la conectividad inalámbrica (espectro radioeléctrico) a las compañías, a veces a cambio de grandes sumas de dinero, para que dicho espectro sea explotado comercialmente a través de infraestructura privada. Paralelamente y con éxito limitado, el Estado ha fomentado telecentros y redes Wi-Fi públicas, una infraestructura paralela. Lo primero ha sido insuficiente en cantidad y lo segundo ha sido poco efectivo en calidad y alcance, porque Wi-Fi fue diseñado para distancias cortas y no escala bien a grandes números de usuarios. Esto se puede ver también en otros países, y cabe señalar el ejemplo de Montevideo, cuyos buses con Wi-Fi no funcionan como tal, a propósito del ruido por estas días por los buses eléctricos con Wi-Fi que incorporaría el Transantiago. En la práctica, a pesar de las buenas intenciones, la Wi-Fi pública y los telecentros crean ghettos de "Internet para los pobres", que funcionan de manera intermitente e insegura, cuando funcionan.
Lo opuesto sucede con tecnologías móviles digitales que se clasifican según su versión en 2G, 3G, etc., de lo cual se desprende otro camino: crear un servicio estatal de telecomunicaciones móviles, que entregue acceso gratuito o al costo en base a tecnologías celulares. Esta opción es poco práctica bajo nuestro actual ordenamiento económico, y además sería un proyecto de tal envergadura que no existe en la OECD nación alguna que lo haya intentado. Bolivia opera una empresa móvil estatal, pero no ofrece un servicio especialmente más barato o mejor que las privadas con las que compite.
Finalmente, existe hoy una manera mejor de satisfacer lo que algunos llaman demanda y otros llamamos derecho: usar la creciente necesidad de espectro radioeléctrico que tienen las empresas de telecomunicaciones como oportunidad de intercambio para que presten acceso básico universal, creando una innovadora cooperación público-privada, sin que el Estado tenga que gastar en una gran infraestructura propia y fomentando el desarrollo de la industria móvil al generarle ahorro en el corto plazo.
La oportunidad de 5G y espectro a cambio de servicio:
Como se ha visto en los últimos meses debido a varios impasse entre las compañías de telecomunicaciones móviles y el Estado, la necesidad de espectro es feroz, especialmente para dar el paso hacia la siguiente generación de tecnología de acceso inalámbrico, conocida como 5G. El desafío para dichas empresas es que el espectro tiene un valor inmenso. Así, repitiendo lo que hicieron en el ciclo anterior para 4G, en muchos países han desembolsado grandes sumas para acceder al espectro necesario, sumas que después deben traspasar a usuarios sumando el interés bancario, incrementando el riesgo de su negocio y encareciendo el acceso. Adicionalmente, debido a que para 5G las necesidades se anticipan mayores, las cifras son todavía más astronómicas, excluyendo a empresas nuevas y favoreciendo la continuidad oligopólica en vez del incremento de competencia.
Aquí es donde hay que detenerse un momento y recordar que espectro radioeléctrico ya pertenece a los usuarios, y el Estado tiene la atribución de asignar su uso según criterios de interés público, y que hasta ahora las asignaciones se hayan hecho de una forma no implica necesariamente que esa es la única forma. Así, se presenta la oportunidad de que el Estado no cobre monetariamente por el uso del espectro, y que en vez de ello entregue el valioso recurso condicionado a un intercambio con las empresas concesionarias: espectro a cambio de un nivel básico de servicio para cada habitante, a manera de contraprestación permanente.
Así, con 5G haríamos todo lo contrario que en el ciclo anterior: incentivaríamos más competencia al facilitar la entrada de nuevos actores, además de disminuir el costo para usuarios finales (de los que pagan) al sacar el interés bancario de la ecuación, y de paso activaríamos una fórmula que permitiría lograr rápidamente una penetración de banda ancha del 100%, nada menos.
El concepto de contraprestación en telecomunicaciones no es nuevo en Chile, han sido varias las grandes concesiones de espectro condicionadas a la entrega de servicio gratuito, por ejemplo a escuelas o ciertas zonas rurales. Hoy podemos ir más allá, creando un acceso básico universal gratuito, y durante todo el periodo de vigencia de la concesión. Eso sí, para un proyecto como el mencionado, habría que modificar algunas partes de la Ley General de Telecomunicaciones, especialmente en el artículo 30, donde se establecen algunas trabas en función de regulación del siglo pasado y creada en coordinación con la neoliberalización extrema y reducción del rol del Estado en tiempos de la dictadura de Pinochet.
Un modelo alineado con los tiempos actuales: freemium:
Podría parecer un contrasentido que las empresas "regalen" algo por lo cual cobran y que eso sea buen negocio, pero combinando concepto moderno de comerci con tramo gratuito o y el recurso esencial que es el espectro radioeléctrico, el Estado y privados pueden ser socios de una manera muy conveniente para todas las partes. Esto porque un nivel básico de servicio, puesto en las manos de cada habitante, presenta un subsidio a la demanda que para el proveedor comercial facilita la venta de servicios de valor agregado, por lo tanto en vez de un conflicto de interés se da el interés por entregar un buen servicio básico, como promoción de sus servicios más avanzados.
El "chip nacional" , una "CuentaRUT" para la Internet:
El usuario, sin pagar, tendría acceso a un servicio que contempla ciertos límites, por ejemplo un ancho de banda máximo de 1Mbps, que es la definición mínima de "banda ancha" según algunos criterios internacionales. Mientras que hoy los usuarios ya acceden fácilmente con 4G a ancho de banda de 40Mbps, las redes 5G alcanzarán anchos de banda mucho mayores, creando un incentivo para que usuarios paguen por usar las redes móviles en condiciones preferentes. Este acceso básico se puede plasmar en una tarjeta "SIM" (en realidad UICC) para cada residente del país junto a su cédula nacional de identidad, la cual debería ser aceptada como llave de acceso a las redes de todos los proveedores del país que formen parte del nuevo esquema. Los proveedores no deberían estar limitados a dar acceso solo usando el espectro nuevo o los servicios 5G, de manera que el chip debería trabajar también en modos previos y con redes existentes, facilitando la conectividad en las zonas más rurales o donde más tarde en llegar el nuevo servicio. Esta característica sería además incentivo para que las compañías implementen tecnología más avanzada en dichas zonas, pues las tecnologías más nuevas son más eficientes y por lo tanto generan menores costos en el largo plazo.
Este acceso también incluirá sistemas de alerta temprana, servicios de voz y geolocalización para emergencias, con la ventaja de, al permitir el acceso a redes de más de un operador, incrementar la disponibilidad de la comunicación básica en caso de degradación por emergencia o desastre. Sobre este nivel básico de servicio, asociado a dicho chip, cada proveedor podría ofrecer los servicios adicionales que desee comercializar, cobrando al usuario por acceso a mayor ancho de banda, direcciones IP públicas, servicios de voz y SMS con un número nacional y toda la demás oferta de servicios de telecomunicaciones móviles, incluyendo video de pago. En paralelo, las empresas seguirían pudiendo ofrecer chips propios por su cuenta, para la entrega de servicios adicionales, por ejemplo para usuarios que deseen proteger su privacidad mediante acceso y pago anónimo, para extranjeros que están de visita en el país, y por supuesto para el boom que viene de servicios M2M / IoT, vehículos autónomos y otros usos industriales, distinto al uso personal.
Oportunidad para ciudadanía conectada y convergencia electrónica:
El alto nivel de seguridad de los chips UICC recientes en combinación con reconocimiento de voz y otros factores de autenticación, permitiría incrementar la seguridad de pagos, gestión de impuestos, acceso a datos sensibles de salud e incluso votaciones, pudiendo el UICC nacional usarse como parte de sistemas de votación más seguros que las urnas electrónicas vistas hasta ahora. Esto permitiría una convergencia natural hacia un sistema nacional de identidad, pago y ciudadanía electrónica, pudiendo integrarse con sistemas de pago sin contacto como NFC para transporte público y con la CuentaRUT del BancoEstado, presentándose como un camino para la modernización digital del país en múltiples niveles.
Naturalmente, hay trabajo que hacer: habría que normar límites, neutralidades y excepciones en el servicio básico, revisar aspectos como la protección de la privacidad de los datos personales y coordinar con la agenda digital en otros ejes, sin embargo una fórmula como la aquí descrita es relativamente sencilla de implementar, no requiere grandes cambios normativos ni tecnológicos, abre una vía rápida para que el país sea líder mundial en acceso a Internet y convergencia digital, facilita incrementos de competencia, establece un marco que reduciría los costos de implementar nuevos servicios y adicionalmente ayuda a resolver asperezas entre las compañías de servicios de telecomunicaciones y el ente regulador: win-win por donde se le mire.
Publicado originalmente en The Clinic
Ignacio Rodríguez de Rementería