La muerte anunciada del Observatorio de Datos

A mediados de 2019, el Ministerio de Economía de Chile se planteó crear una entidad público-privada para potenciar el (negocio del) tratamiento de big data, aludiendo en especial a los datos generados por la infraestructura astronómica chilena presente en chile. El 30 de enero se emitió el decreto, y la Contraloría General de la República lo ha declarado ilegal, en buena hora.

Tener grandes volúmenes de datos dispuestos de forma que se puedan realizar intensos procesos de análisis de ellos, por supuesto puede ser muy bueno, y si ese era el objetivo primario del proyecto pues excelente, podía abrir enormes posibilidades de generación de valor.

Problemas de fondo:

Más allá de las razones técnicas de la ilegalidad, expresadas en el a veces un poco árido lenguaje propio de este tipo de pronunciamientos, el proyecto ya venía con problemas en torno a dos temas clave:

• (des)protección de datos y
• externalidad económica.

Especialmente a medida que los datos sean más estratégicos y sensibles y no solamente propios de observaciones astronómicas, por ejemplo cosas más aterrizadas como datos de comportamiento y salud de personas, el proyecto implicaba grandes riesgos.

Dejar los datos en manos de empresas como Google o Amazon, que ya han mostrado como algunos de sus negocios consisten justamente en hacer uso de datos de terceras partes, equivale a dejar "al gato cuidando la carnicería". Allí hay un error que se podría haber corregido a tiempo en la base del proyecto.

Además, que datos viajen a otros países para ser almacenados y procesados además los hace más vulnerables por jurisdicción; pierden protección constitucional, legal y contractual al traspasar fronteras, y la legislación chilena de protección de datos todavía no aborda el tráfico transfronterizo. Al tener a Amazon como parte de la institucionalidad, esto era prácticamente inevitable.

Si vamos a hablar de big data hablemos del big picture económico: el OD consolida una demanda enorme por almacenamiento y procesamiento, y tiene en su diseño llevar esa demanda a un postor extranjero que cobrará lo que se le antoje.

En cambio, si el proyecto se hubiera condicionado a usar capacidad local,

• se crearía desarrollo tecnológico local,
• ahorraría en transporte de la información,
• incrementaría circulación local versus fuga de divisas,
• mejoraría protección de datos al mantenerse dentro de jurisdicción.

De puro pensar que, por ejemplo Universidad de Chile podría implementar la infraestructura para atender esta enorme demanda, como lo hizo en Texas la A&M University, dan ganas de llorar. No es sorprendente, por lo mismo, la reacción del Consejo de Rectores.

Finalmente, la Contraloría vio la luz y declaró ilegal el proyecto. Buen momento para reflexionar sobre lo sucedido, y hacer foco en la interpretación manifestada por el abogado Cristóbal Osorio, en cuanto a ausencia de garantías de protección de datos personales, en referencia a "datos de los entes públicos" y "patrimonio público" como señala la Contraloría. Esto alude a la naturaleza de extractivismo de datos de la iniciativa.

Lo ocurido subraya la necesidad de entender, discutir y consensuar la naturaleza política (y geopolítica) y de derechos fundamentales, y no solo lo tecnológico e industrial, cuando se abordan proyectos de este tipo.

Ahora Chile tiene de nuevo la oportunidad de hacerlo bien.

Conversación relacionada, sobre extractivismo de datos o "feudalismo digital" en Facebook: https://www.facebook.com/groups/gobiernodigital/permalink/2697690560295641/