Tener grandes volúmenes de datos dispuestos de forma que se puedan realizar intensos procesos de análisis de ellos, por supuesto puede ser muy bueno, y si ese era el objetivo primario del proyecto pues excelente, podía abrir enormes posibilidades de generación de valor.
Problemas de fondo:
Más allá de las razones técnicas de la ilegalidad, expresadas en el a veces un poco árido lenguaje propio de este tipo de pronunciamientos, el proyecto ya venía con problemas en torno a dos temas clave:
- (des)protección de datos y
- externalidad económica.
Dejar los datos en manos de empresas como Google o Amazon, que ya han mostrado como algunos de sus negocios consisten justamente en hacer uso de datos de terceras partes, equivale a dejar "al gato cuidando la carnicería". Allí hay un error que se podría haber corregido a tiempo en la base del proyecto.
Además, que datos viajen a otros países para ser almacenados y procesados además los hace más vulnerables por jurisdicción; pierden protección constitucional, legal y contractual al traspasar fronteras, y la legislación chilena de protección de datos todavía no aborda el tráfico transfronterizo. Al tener a Amazon como parte de la institucionalidad, esto era prácticamente inevitable.
Si vamos a hablar de big data hablemos del big picture económico: el OD consolida una demanda enorme por almacenamiento y procesamiento, y tiene en su diseño llevar esa demanda a un postor extranjero que cobrará lo que se le antoje.
En cambio, si el proyecto se hubiera condicionado a usar capacidad local,
- se crearía desarrollo tecnológico local,
- ahorraría en transporte de la información,
- incrementaría circulación local versus fuga de divisas,
- mejoraría protección de datos al mantenerse dentro de jurisdicción.
Finalmente, la Contraloría vio la luz y declaró ilegal el proyecto. Buen momento para reflexionar sobre lo sucedido, y hacer foco en la interpretación manifestada por el abogado Cristóbal Osorio, en cuanto a ausencia de garantías de protección de datos personales, en referencia a "datos de los entes públicos" y "patrimonio público" como señala la Contraloría. Esto alude a la naturaleza de extractivismo de datos de la iniciativa.
Lo ocurido subraya la necesidad de entender, discutir y consensuar la naturaleza política (y geopolítica) y de derechos fundamentales, y no solo lo tecnológico e industrial, cuando se abordan proyectos de este tipo.
Ahora Chile tiene de nuevo la oportunidad de hacerlo bien.
Conversación relacionada, sobre extractivismo de datos o "feudalismo digital" en Facebook: https://www.facebook.com/groups/gobiernodigital/permalink/2697690560295641/