En la sociedad de la información, Internet debería ser un derecho. Podemos usar la demanda por espectro de los proveedores de acceso para dar mejores servicios premium como incentivo para entregar acceso gratuito a los más necesitados.
A medida en que nuestra sociedad va avanzando y comprende importancia de conectividad y se anticipa un escenario en que gobiernos tengan mandato legal de asegurar acceso, ya sea entregando el servicio directamente o vía subvención.
Aunque no llegara a ser considerado un derecho constitucional o fundamental, el valor del acceso universal es innegable, su implementación es una responsabilidad país. Los ejemplos abundan en algunos países, destacando el caso de Estonia, hoy potencia tecnológica en la región, en gran parte gracias al acceso gratuito a la 'net para más del 90% de la población (Redcouch/Global Neighbourhoods).
El problema es que la 'net gratis puede ser una amenaza para compañías que hoy cobran por servicios de telecomunicaciones (las antes telefónicas). Encargarles via subvención el acceso gratuito suena a poner al gato a cuidar la carnicería. Dada la experiencia chilena en calidad de servicios Internet, estaríamos hablando de un gato que ya está acostumbrado a comerse la carne; los problemas en la ancho de banda real versus la oferta publicitaria y la relación entre el precio de Internet y el sueldo mínimo en Chile son antecedentes conocidos.
También es conocida la dificultad que ha presentado un sistema mixto, donde el Estado subvenciona con dinero a un privado para brindar servicio público. El caso de la educación subvencionada ha hecho noticia recientemente. Algo similar se ve en salud.
¿Podemos confiar en subvencionar la Internet para un acceso básico, o debemos proponer un proveedor estatal de acceso a la net?
Acceso a Internet estatal, ¿una tarea titánica?
Otra alternativa es implementar un proveedor de acceso estatal desde cero. Parece una tarea inalcanzable. El costo de planta externa para la última milla (los cables que llegan a los hogares) es inmenso, y las compañías telefónicas probablemente obstaculizarían dicha implementación, acusando al estado de competencia desleal o arrendando cables a precios altos. También el costo de conectividad internacional es grande (es el costo más grande que actualmente pagan las compañías que dan acceso), y las economías de escala las tienen hoy los privados.
Respuesta para ser una sociedad wired, el wireless
La solución casi mágica podría estar en el acceso inalámbrico, cuyo recurso básico -el espectro electromagnético- ya es de todos los ciudadanos.
4G / LTE al rescate
Si se asigna más ancho de banda para la implementación de redes 4G, se puede usar dicha tecnología para darle una conexión móvil a Internet a cada habitante, utilizando ademas equipos terminales masivos y abaratándose por Ley de Moore. Las redes de las compañías móviles son la manera más barata y efectiva de hacer ubicua la Internet. Con un poco de voluntad y cooperación entre privados y el Estado, podríamos proveer por el aire de 'net gratis a todos los ciudadanos que puedan costearse un terminal básico, hoy tanto o más barato que un computador de escritorio (aunque también podríamos subvencionar dicho terminal).
La televisión como modelo de servicio público
Analicemos el caso de la TV como ejemplo. Dado que la TV usa el espectro electromagnético, un bien nacional de uso público, la empresa que usa la concesión debe de usarla para prestar servicio público, abierto a todos los ciudadanos.
Actualmente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles reciben concesiones de parte del estado para explotar segmentos del espectro. Sin dicho recurso fundamental, no podrían -bajo las leyes actualmente conocidas de la física- ofrecer servicio alguno. Sin entrar en detalles acerca de la transparencia y regulación de dichas concesiones, la tradición en las últimas décadas en Chile es que dichos proveedores prácticamente no pagan por usar dicho espectro, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros mercados.
El espectro electromagnético, recurso público fundamental
En Estados Unidos y Europa las licitaciones por espectro para redes 3G y 4G llegaron a números muy altos, cuestionándose incluso la sustentabilidad de los servicios. Pero la tendencia mundial hacia la miniaturización, movilidad y acceso ubicuo parecen justificar el valor de dicho espectro, tanta para el privado que las explota como para el país que las concede.
Hoy las compañías de telefonía móvil están llegando al tope de su capacidad. Hace poco Chile pasó de tener un teléfono móvil por ciudadano, y las compañías necesitan con urgencia acceder a más espectro (cuentan con un máximo de 60 MHz), no solo para mejorar la calidad de su servicio actual, también para masificar acceso a la Internet de alta velocidad. Hoy Clarochile por ejemplo -concesionaria del iPhone de Apple- necesita desesperadamente espectro para atender a la clientela, es el proveedor móvil que más creció en el país durante 2008. La ITU estima que por país se necesitarán para el 2010 más de 800 MHz, o sea los proveedores de hoy tendrían que quintuplicar su uso de espectro.
La clave: reemplazar el impuesto por el servicio.
¿Qué tal si en vez de pagar con dinero, simplemente pagan con entregar acceso gratuito? Dejando de lado el hecho vergonzoso de que hoy prácticamente no pagan, nunca es tarde para hacerlo mejor.
En el caso de servicios que usan recursos totalmente privados, por ejemplo la TV por cable y la telefonía tradicional, es diferente. Pero los servicios inalámbricos deberían ser como la TV, siempre algo para la comunidad, ya que el recurso nos pertenece a todos.
Sería mucho más barato para el Estado invertir en control de calidad que duplicar infraestructura para dar acceso directamente, de manera similar a como es mejor negocio para las mismas compañías compartir infraestructura celular y prestar sus servicios inalámbricos vía antenas compartidas.
El nuevo espectro
Veamos: actualmente en Chile se utilizan segmentos en 850 MHz y 1.9 GHz para servicios de telefonía y datos móviles y se están implementando servicios en 1.7 y 2.1 GHz. Hay algo de uso en 900 MHz, pero queda espectro disponible en esa banda, en 1.7 2.1, 2.5 y 2.6 GHz y -dependiendo de cómo se implemente la TV digital podría haber disponibilidad entre 450 y 800 MHz.
Imaginemos el siguiente escenario: se le entrega a compañías la posibilidad de usar segmentos nuevos, y en vez de cobrarle una millonada por explotar los nuevos segmentos, se entrega a cada chileno un chip USIM con acceso básico gratuito a la red IP (ejemplo: 512 Mbit/seg. de downstream).
Dicho acceso también podría proveer sistemas de alertas tempranas, servicios de voz y geolocalización para emergencias (obligación ya en algunos países).
Así, quedaría incentivo para que las empresas de telecomunicaciones -usando el mismo chip- ofrezcan telefonía estándar de voz y número, mayor ancho de banda, en esquema de pre-pago o con contratos de post-pago.
El país gana acceso universal a la 'net, los proveedores ganan espectro y reducción de costos, acceso a millones de clientes para fidelizar y un marco coherente para operar y competir con servicios de valor agregado, como dicen los gringos: win-win.
Plataforma segura para la ciudadanía digital
De paso, dado el alto nivel de seguridad de los chips USIM y combinando con reconocimiento de voz, se podrían implementar servicios públicos que hoy requieren certificado digital: incluyendo pagos, gestión de impuestos, licitación de servicios y votaciones. Ello permitiría votación en tiempo real por parte de cualquier ciudadano, para materias en las cuales hasta ahora sólo se había podido usar representatividad, como es el caso de poder legislativo. También sería una evolución natural como sistema nacional de pago electrónico, algo así como la "tarjeta Bip versión 2.0", pudiendo integrarse con sistemas de pago sin contacto como NFC.
Sustento para informática educativa
Hoy la informática educativa no se puede escindir del acceso 'net. Conectar con la colaboración cercana y lejana, las enciclopedias en línea y el creciente cúmulo de conocimientos que la humanidad está colocando en la red, es fundamental para darle valor al terminal que pongamos en manos de cada estudiante. Iniciativas como UCPN, independiente de otras ideas como las redes mesh, necesitan resolver el tema de la conectividad universal y esta puede ser una pieza importante del rompecabezas.
Regulación estatal y ciudadana
Si bien la misma compañía estaría "cuidando la carnicería", el Estado podría monitorear el servicio básico. Pero no sólo se multaría o retiraría la concesión a las compañías que no cumplan, la calidad del acceso básico sería la mejor publicidad para cada compañía, el incentivo para que los ciudadanos contraten sus servicios de valor agregado, a precios razonables ya que competirían con gratis.
Naturalmente, habría que normar límites y neutralidades en el servicio básico, sin embargo una fórmula como la aquí descrita parece sencilla de implementar, no requiere grandes cambios normativos ni técnológicos, abre una vía rápida para Internet de uso público y establece un marco que reduciría los costos de implementar nuevos servicios y crecer.
Actualización mayo 2012:
El Gobierno de Chile ha dispuesto los mecanismos y al menos tres empresas (Claro, Entel y Movistar) solicitarán concesiones para 4G en 2.6 GHz, les saldrá prácticamente gratis y no tendrán obligación de entregar servicio gratuito. Se está perdiendo una oportunidad que no se volverá a tener en años.
Acceso a Internet estatal, ¿una tarea titánica?
Otra alternativa es implementar un proveedor de acceso estatal desde cero. Parece una tarea inalcanzable. El costo de planta externa para la última milla (los cables que llegan a los hogares) es inmenso, y las compañías telefónicas probablemente obstaculizarían dicha implementación, acusando al estado de competencia desleal o arrendando cables a precios altos. También el costo de conectividad internacional es grande (es el costo más grande que actualmente pagan las compañías que dan acceso), y las economías de escala las tienen hoy los privados.
Respuesta para ser una sociedad wired, el wireless
La solución casi mágica podría estar en el acceso inalámbrico, cuyo recurso básico -el espectro electromagnético- ya es de todos los ciudadanos.
4G / LTE al rescate
Si se asigna más ancho de banda para la implementación de redes 4G, se puede usar dicha tecnología para darle una conexión móvil a Internet a cada habitante, utilizando ademas equipos terminales masivos y abaratándose por Ley de Moore. Las redes de las compañías móviles son la manera más barata y efectiva de hacer ubicua la Internet. Con un poco de voluntad y cooperación entre privados y el Estado, podríamos proveer por el aire de 'net gratis a todos los ciudadanos que puedan costearse un terminal básico, hoy tanto o más barato que un computador de escritorio (aunque también podríamos subvencionar dicho terminal).
La televisión como modelo de servicio público
Analicemos el caso de la TV como ejemplo. Dado que la TV usa el espectro electromagnético, un bien nacional de uso público, la empresa que usa la concesión debe de usarla para prestar servicio público, abierto a todos los ciudadanos.
Actualmente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles reciben concesiones de parte del estado para explotar segmentos del espectro. Sin dicho recurso fundamental, no podrían -bajo las leyes actualmente conocidas de la física- ofrecer servicio alguno. Sin entrar en detalles acerca de la transparencia y regulación de dichas concesiones, la tradición en las últimas décadas en Chile es que dichos proveedores prácticamente no pagan por usar dicho espectro, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros mercados.
El espectro electromagnético, recurso público fundamental
En Estados Unidos y Europa las licitaciones por espectro para redes 3G y 4G llegaron a números muy altos, cuestionándose incluso la sustentabilidad de los servicios. Pero la tendencia mundial hacia la miniaturización, movilidad y acceso ubicuo parecen justificar el valor de dicho espectro, tanta para el privado que las explota como para el país que las concede.
Hoy las compañías de telefonía móvil están llegando al tope de su capacidad. Hace poco Chile pasó de tener un teléfono móvil por ciudadano, y las compañías necesitan con urgencia acceder a más espectro (cuentan con un máximo de 60 MHz), no solo para mejorar la calidad de su servicio actual, también para masificar acceso a la Internet de alta velocidad. Hoy Clarochile por ejemplo -concesionaria del iPhone de Apple- necesita desesperadamente espectro para atender a la clientela, es el proveedor móvil que más creció en el país durante 2008. La ITU estima que por país se necesitarán para el 2010 más de 800 MHz, o sea los proveedores de hoy tendrían que quintuplicar su uso de espectro.
La clave: reemplazar el impuesto por el servicio.
¿Qué tal si en vez de pagar con dinero, simplemente pagan con entregar acceso gratuito? Dejando de lado el hecho vergonzoso de que hoy prácticamente no pagan, nunca es tarde para hacerlo mejor.
En el caso de servicios que usan recursos totalmente privados, por ejemplo la TV por cable y la telefonía tradicional, es diferente. Pero los servicios inalámbricos deberían ser como la TV, siempre algo para la comunidad, ya que el recurso nos pertenece a todos.
Sería mucho más barato para el Estado invertir en control de calidad que duplicar infraestructura para dar acceso directamente, de manera similar a como es mejor negocio para las mismas compañías compartir infraestructura celular y prestar sus servicios inalámbricos vía antenas compartidas.
El nuevo espectro
Veamos: actualmente en Chile se utilizan segmentos en 850 MHz y 1.9 GHz para servicios de telefonía y datos móviles y se están implementando servicios en 1.7 y 2.1 GHz. Hay algo de uso en 900 MHz, pero queda espectro disponible en esa banda, en 1.7 2.1, 2.5 y 2.6 GHz y -dependiendo de cómo se implemente la TV digital podría haber disponibilidad entre 450 y 800 MHz.
Imaginemos el siguiente escenario: se le entrega a compañías la posibilidad de usar segmentos nuevos, y en vez de cobrarle una millonada por explotar los nuevos segmentos, se entrega a cada chileno un chip USIM con acceso básico gratuito a la red IP (ejemplo: 512 Mbit/seg. de downstream).
Dicho acceso también podría proveer sistemas de alertas tempranas, servicios de voz y geolocalización para emergencias (obligación ya en algunos países).
Así, quedaría incentivo para que las empresas de telecomunicaciones -usando el mismo chip- ofrezcan telefonía estándar de voz y número, mayor ancho de banda, en esquema de pre-pago o con contratos de post-pago.
El país gana acceso universal a la 'net, los proveedores ganan espectro y reducción de costos, acceso a millones de clientes para fidelizar y un marco coherente para operar y competir con servicios de valor agregado, como dicen los gringos: win-win.
Plataforma segura para la ciudadanía digital
De paso, dado el alto nivel de seguridad de los chips USIM y combinando con reconocimiento de voz, se podrían implementar servicios públicos que hoy requieren certificado digital: incluyendo pagos, gestión de impuestos, licitación de servicios y votaciones. Ello permitiría votación en tiempo real por parte de cualquier ciudadano, para materias en las cuales hasta ahora sólo se había podido usar representatividad, como es el caso de poder legislativo. También sería una evolución natural como sistema nacional de pago electrónico, algo así como la "tarjeta Bip versión 2.0", pudiendo integrarse con sistemas de pago sin contacto como NFC.
Sustento para informática educativa
Hoy la informática educativa no se puede escindir del acceso 'net. Conectar con la colaboración cercana y lejana, las enciclopedias en línea y el creciente cúmulo de conocimientos que la humanidad está colocando en la red, es fundamental para darle valor al terminal que pongamos en manos de cada estudiante. Iniciativas como UCPN, independiente de otras ideas como las redes mesh, necesitan resolver el tema de la conectividad universal y esta puede ser una pieza importante del rompecabezas.
Regulación estatal y ciudadana
Si bien la misma compañía estaría "cuidando la carnicería", el Estado podría monitorear el servicio básico. Pero no sólo se multaría o retiraría la concesión a las compañías que no cumplan, la calidad del acceso básico sería la mejor publicidad para cada compañía, el incentivo para que los ciudadanos contraten sus servicios de valor agregado, a precios razonables ya que competirían con gratis.
Naturalmente, habría que normar límites y neutralidades en el servicio básico, sin embargo una fórmula como la aquí descrita parece sencilla de implementar, no requiere grandes cambios normativos ni técnológicos, abre una vía rápida para Internet de uso público y establece un marco que reduciría los costos de implementar nuevos servicios y crecer.
Actualización mayo 2012:
El Gobierno de Chile ha dispuesto los mecanismos y al menos tres empresas (Claro, Entel y Movistar) solicitarán concesiones para 4G en 2.6 GHz, les saldrá prácticamente gratis y no tendrán obligación de entregar servicio gratuito. Se está perdiendo una oportunidad que no se volverá a tener en años.
Actualización mayo 2013:
Ya adjudicados -gratis- bloques de espectro para 4G/LTE en 2.6GHz, el Gobierno de Chile ahora se prepara para hacer lo mismo con espectro en 700MHz, efectivamente entregando "dividendo digital" sin que todavía se haya producido una migración a digital.
Actualización junio 2013:
El Gobierno de Colombia adjudicó 5 bloques para LTE en las bandas AWS y 2.5GHz, para lo cual además de cobrar más de US$400 millones obliga a las empresas a proveer planes especiales y tablets para los estudiantes más pobres.
Actualización marzo 2014:
Fuertes críticas de los sectores empresariales ha recibido la propuesta mexicana de crear un proveedor estatal mayorista de LTE en 700MHz. El proyecto presentaría importantes economías de escala y la posibilidad de que el Estado entregue algún nivel de servicio directamente a usuarios. El enfrentamiento de intereses resultante hace difícil que este camino tenga éxito, independiende de la validez o no de los argumentos de sus proponentes y detractores.
Fuertes críticas de los sectores empresariales ha recibido la propuesta mexicana de crear un proveedor estatal mayorista de LTE en 700MHz. El proyecto presentaría importantes economías de escala y la posibilidad de que el Estado entregue algún nivel de servicio directamente a usuarios. El enfrentamiento de intereses resultante hace difícil que este camino tenga éxito, independiende de la validez o no de los argumentos de sus proponentes y detractores.